Una nueva controversia fronteriza enfrenta a México y al estado estadounidense de Texas. El Gobierno texano ha identificado nueve islas situadas en el río Bravo, que separa ambos países, como terrenos de su propiedad, una decisión que ha provocado la reacción de las autoridades mexicanas.
La medida, anunciada el 26 de octubre por la Oficina General de Tierras de Texas (Texas General Land Office - GLO), afecta a nueve islas que, según las autoridades estatales estadounidenses, podrán ser utilizadas por las fuerzas de seguridad para reforzar la vigilancia de la frontera.
México, por su parte, sostiene que cualquier actuación en estas zonas debe ajustarse a los acuerdos internacionales y contar con la intervención de los organismos competentes de ambos países.
Pero, ¿quién tiene realmente la autoridad para determinar a qué país pertenecen estas islas? ¿Y qué ocurre cuando el cauce de un río que marca una frontera cambia con el tiempo? 'Euronnews' explica algunas de las claves sobre esta controversia.
El 26 de octubre, la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, anunció que la Oficina General de Tierras había identificado nueve islas del río Bravo como propiedad del estado.
Las islas se encuentran en la zona fronteriza del sur de Texas, entre las ciudades de Laredo y McAllen. En conjunto, abarcan unas 66 acres de terreno, equivalentes a aproximadamente 26,7 hectáreas.
Según el comunicado oficial de la GLO, la identificación de estos terrenos permitirá al Departamento de Seguridad Pública y al Departamento Militar de Texas acceder a ellos para realizar labores de vigilancia, inspección y prevención de actividades ilegales.
Buckingham argumenta que durante años existió incertidumbre sobre la titularidad de estas islas, lo que dificultaba la actuación de las autoridades estatales. También ha señalado que no se ha confirmado actividad delictiva en estas nueve islas, aunque sostiene que otros territorios similares han sido utilizados anteriormente por organizaciones criminales y contrabandistas.
La oficina recurrió a mapas históricos, estudios topográficos, fotografías aéreas y otros registros geográficos para fundamentar su decisión.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha cuestionado la decisión de Texas y ha recordado que la delimitación de la frontera entre ambos países está regulada por acuerdos internacionales.
Según explicó la Cancillería mexicana, el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera sigue el centro del cauce normal del río Bravo. Esto significa que los cambios naturales en el recorrido del río pueden tener consecuencias para la ubicación de las islas respecto a la línea fronteriza.
México sostiene que corresponde exclusivamente a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), integrada por representantes de ambos países, determinar la ubicación de la frontera.
La Cancillería también ha advertido de que cualquier obra o actuación en estas islas debe someterse a la consideración y aprobación de ambas secciones de la comisión, conforme al artículo IV del tratado.
El Tratado de Límites en cuestión, firmado por México y Estados Unidos el 23 de noviembre de 1970, entró en vigor en abril de 1972. El acuerdo buscaba resolver disputas territoriales pendientes, mantener los ríos Bravo y Colorado como fronteras internacionales y establecer mecanismos para afrontar los cambios naturales de sus cauces.
Según el artículo II, la frontera discurre, con las excepciones previstas en el propio tratado, por el centro del cauce ocupado por el flujo normal del río. Cuando existen varios canales, se toma como referencia el de mayor anchura media en condiciones normales.
Leer
México despliega 500 soldados en la frontera con Texas tras un tiroteo denunciado por EE.UU.
Los republicanos y demócratas tienen un problema en Texas en las próximas elecciones de EE.UU.
El tratado también contempla mecanismos para resolver problemas de soberanía sobre las islas existentes o que puedan formarse en el futuro.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas es la institución binacional encargada de aplicar estos acuerdos y determinar oficialmente la línea fronteriza. Así lo recoge la propia sección estadounidense de la comisión en su documentación oficial sobre los tratados fronterizos.
Esta es la cuestión central de la controversia (y también la más compleja). Hay dos cuestiones jurídicas diferentes: determinar si una isla pertenece a México o a Estados Unidos y, si se encuentra en territorio estadounidense, establecer si su titularidad corresponde al Gobierno federal o al estado de Texas.
La titularidad puede depender de la situación histórica de cada isla y de los acuerdos que determinaron la frontera. Por ejemplo, si una isla ya formaba parte de Texas cuando se incorporó a Estados Unidos en 1845 y continuó dentro de su territorio tras el tratado de 1970, podría existir una base para considerarla propiedad estatal.
En cambio, si el territorio pasó de México a Estados Unidos en virtud del tratado, podría corresponder al Gobierno federal estadounidense.
Por tanto, no está demostrado que las nueve islas reclamadas por Texas pertenezcan a México, pero tampoco basta con la declaración del Gobierno texano para resolver cualquier controversia sobre la frontera internacional.
El Gobierno de Texas justifica su decisión como parte de sus esfuerzos para reforzar la seguridad en la frontera con México y combatir el narcotráfico y el tráfico de personas. Buckingham sostiene que la identificación de las islas permitirá a las autoridades estatales patrullarlas y evitar que sean utilizadas por organizaciones criminales.
ARCHIVO - La senadora estatal de Texas, Dawn Buckingham, habla durante el mitin 'Save America', el 29 de enero de 2022, en Conroe, Texas. - 2022 © Jason Fochtman/Houston Chronicle vía AP, archivo
La comisionada ha recordado como precedente la isla Fronton, de unas 69 hectáreas, situada en el condado de Starr, que Texas declaró propiedad estatal en 2023.
Posteriormente, las fuerzas de seguridad realizaron allí una operación denominada 'Flat Top', que incluyó la eliminación de vegetación para facilitar la vigilancia y dificultar posibles actividades delictivas.
Sin embargo, la propia GLO reconoce que no ha confirmado actividades criminales en las nueve islas ahora reclamadas. Su argumento se basa en los riesgos que, según las autoridades, pueden presentar estos territorios fronterizos.
La controversia abre la puerta a nuevas consultas entre las autoridades mexicanas y estadounidenses sobre la delimitación y la titularidad de estas islas a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
La Cancillería mexicana ha asegurado que "dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona" y ha reiterado su compromiso con el cumplimiento de los tratados internacionales y el diálogo bilateral.
Mientras tanto, Texas mantiene su decisión de considerar las nueve islas como propiedad estatal y permitir que sus fuerzas de seguridad accedan a ellas. Por ahora, no se ha anunciado ningún acuerdo entre las partes para resolver la controversia.